30/01/13-..El abogado urbanista,
Jonatan Baldiviezo, afirmó que "el vallado del Parque Centenario persigue el interés económico de liberar el espacio
verde y público para que las concesiones privadas sean viables en el futuro". Mientras tanto la
justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad detener las obras de vallado.
"El accionar que tiene la Ciudad no es una sorpresa porque desde que Mauricio Macri asumió el gobierno el único criterio con el cual observa los parques y las plazas es el rédito económico, desconociendo las funciones ambientales y democráticas que tienen para la comunidad", dijo Baldiviezo a Télam.
Para
el abogado urbanista, integrante de la asamblea de vecinos y del Colectivo por
la Igualdad, detrás de acciones como el vallado del Parque Centenario
"está el interés económico de liberar el espacio verde y el espacio
público para que, en el futuro, las construcciones y las concesiones sean
viables".
Así, "las distintas actividades que ha tenido el macrismo contra el espacio público han perseguido el rédito económico, por eso ha sancionado destinar espacios verdes a construcciones y concesiones para empresas", sostuvo el profesional de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Desde que "el año pasado se comenzó a discutir en la Legislatura un proyecto para autorizar las concesiones de confiterías y restaurantes en las plazas y parques, comenzaron una serie de desalojos en áreas ocupadas por habitantes, vendedores ambulantes y feriantes, como fue el desalojo en Constitución", refirió.
Además, "desconociendo la función ambiental de parques y plazas, el macrismo estimuló que hayan estacionamientos subterráneos, que quitan al suelo la función de receptores de agua" para evitar anegamientos por lluvias, observó el abogado.
"Vemos la desidia en materia de concesiones y a empresas que están ocupando el espacio público actualmente, muchas pagando cánones irrisorios o ningún canon porque ocupan ilegalmente, como el estacionamiento del Hipódromo de Palermo", ejemplificó.
Según Baldiviezo, "no pagan ningún canon porque ocupan ilegalmente y debía ser desalojado, y la misma intensidad que ejerce el gobierno macrista para reprimir a los habitantes que están haciendo un uso comunitario del espacio verde, no la direcciona contra las empresas".
"Esta acción represiva y autoritaria del gobierno macrista va produciendo una reacción de organización entre los habitantes de la ciudad, que se van uniendo en distintas asambleas y van creando un espacio para oponerse a un modelo de ciudad para ricos, e imponer un nuevo paradigma del derecho a la Ciudad", opinó.
Baldiviezo integra la asamblea de vecinos que debatía anoche medidas de lucha contra el enrejamiento perimetral del Parque Centenario, que generó refriegas con la policía metropolitana.
Mientras la fuerza de seguridad mantenía una guardia con personal de Infantería y de calle en la zona -que amaneció vallada el lunes-, vecinos de los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo deliberaban en la Avenida Díaz Vélez al 5000.
El tenor de las exposiciones de los oradores apuntó a impedir el inicio de la puesta de la reja, para evitar lo que consideran la privatización ilegal de este espacio público, para el que piden mejoras, como más bebederos.
"Las mejoras del Parque, como bebederos y sistemas de riego, se pueden hacer tranquilamente sin las rejas, y el argumento de la seguridad es una maniobra para tener una excusa para apuntar a la privatización del espacio público", dijo a Télam José Fernández, vocero de los feriantes del Parque Centenario.
En los últimos meses, los feriantes juntaron unas 12.000 firmas contra la cerca que perjudicaría también a la feria que suma unos 1.200 puestos rotativos los sábados y domingos, "de los cuales hoy van a quedar cerca de 700 afectados", además de la Feria de los Artesanos que funciona dentro del predio, informó.
"La gente no quiere la reja porque la solución que manifiesta el gobierno que va a producir la reja, es una mentira para los que vienen a hacer deporte, los que vienen a pasear, la gente de la tercera edad y la gente que menos tiene: lo que sí va a solucionar es el bolsillo de algunos", sentenció Fernández.
En el perímetro ya vallado del parque, a la altura del mástil, se mantienen apostados unos 50 efectivos de Infantería y otros policías de calle de la Metropolitana.
En tanto, quienes habitualmente realizan prácticas deportivas en el parque, transitan día y noche por las veredas externas, ya que están cerrados todos los ingresos con vallas de aluminio de unos tres metros, dejando cerrados, en plenas vacaciones escolares, los juegos de plaza, las canchitas de fútbol y las estaciones deportivas para hacer ejercicios.
Así, "las distintas actividades que ha tenido el macrismo contra el espacio público han perseguido el rédito económico, por eso ha sancionado destinar espacios verdes a construcciones y concesiones para empresas", sostuvo el profesional de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Desde que "el año pasado se comenzó a discutir en la Legislatura un proyecto para autorizar las concesiones de confiterías y restaurantes en las plazas y parques, comenzaron una serie de desalojos en áreas ocupadas por habitantes, vendedores ambulantes y feriantes, como fue el desalojo en Constitución", refirió.
Además, "desconociendo la función ambiental de parques y plazas, el macrismo estimuló que hayan estacionamientos subterráneos, que quitan al suelo la función de receptores de agua" para evitar anegamientos por lluvias, observó el abogado.
"Vemos la desidia en materia de concesiones y a empresas que están ocupando el espacio público actualmente, muchas pagando cánones irrisorios o ningún canon porque ocupan ilegalmente, como el estacionamiento del Hipódromo de Palermo", ejemplificó.
Según Baldiviezo, "no pagan ningún canon porque ocupan ilegalmente y debía ser desalojado, y la misma intensidad que ejerce el gobierno macrista para reprimir a los habitantes que están haciendo un uso comunitario del espacio verde, no la direcciona contra las empresas".
"Esta acción represiva y autoritaria del gobierno macrista va produciendo una reacción de organización entre los habitantes de la ciudad, que se van uniendo en distintas asambleas y van creando un espacio para oponerse a un modelo de ciudad para ricos, e imponer un nuevo paradigma del derecho a la Ciudad", opinó.
Baldiviezo integra la asamblea de vecinos que debatía anoche medidas de lucha contra el enrejamiento perimetral del Parque Centenario, que generó refriegas con la policía metropolitana.
Mientras la fuerza de seguridad mantenía una guardia con personal de Infantería y de calle en la zona -que amaneció vallada el lunes-, vecinos de los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo deliberaban en la Avenida Díaz Vélez al 5000.
El tenor de las exposiciones de los oradores apuntó a impedir el inicio de la puesta de la reja, para evitar lo que consideran la privatización ilegal de este espacio público, para el que piden mejoras, como más bebederos.
"Las mejoras del Parque, como bebederos y sistemas de riego, se pueden hacer tranquilamente sin las rejas, y el argumento de la seguridad es una maniobra para tener una excusa para apuntar a la privatización del espacio público", dijo a Télam José Fernández, vocero de los feriantes del Parque Centenario.
En los últimos meses, los feriantes juntaron unas 12.000 firmas contra la cerca que perjudicaría también a la feria que suma unos 1.200 puestos rotativos los sábados y domingos, "de los cuales hoy van a quedar cerca de 700 afectados", además de la Feria de los Artesanos que funciona dentro del predio, informó.
"La gente no quiere la reja porque la solución que manifiesta el gobierno que va a producir la reja, es una mentira para los que vienen a hacer deporte, los que vienen a pasear, la gente de la tercera edad y la gente que menos tiene: lo que sí va a solucionar es el bolsillo de algunos", sentenció Fernández.
En el perímetro ya vallado del parque, a la altura del mástil, se mantienen apostados unos 50 efectivos de Infantería y otros policías de calle de la Metropolitana.
En tanto, quienes habitualmente realizan prácticas deportivas en el parque, transitan día y noche por las veredas externas, ya que están cerrados todos los ingresos con vallas de aluminio de unos tres metros, dejando cerrados, en plenas vacaciones escolares, los juegos de plaza, las canchitas de fútbol y las estaciones deportivas para hacer ejercicios.
La Justicia ordenó detener
las obras de enrejamiento en el Parque Centenario
30/01/13-.La jueza Andrea Danas
ordenó detener las obras del gobierno de la ciudad, tras una presentación
efectuada por la Asamblea de Vecinos de esa zona porteña que se opone al
enrejamiento del perímetro del lugar.
La jueza sostuvo en su fallo que el gobierno de la ciudad "debe abandonar las obras y mantener la situación del Parque tal como está, hasta tanto no se dé una respuesta sobre qué tipo de tareas se realizarán en el predio", dijo el abogado de la Asamblea, Jonatan Baldiviezo.
El letrado destacó que Danas "ponderó la situación de conflicto social que generó el gobierno porteño, con heridos y detenidos, y decidió paralizar las obras en forma provisoria hasta que la ciudad responda a las denuncias de ilegalidad que formuló la Asamblea de Vecinos, derivadas del enrejamiento del parque".
"La jueza no contaba con toda la documentación que utilizó el gobierno porteño como excusa para enrejar el parque, por eso está diciendo en su fallo que se paralicen las obras hasta que se respondan a las denuncias", dijo el abogado.
En este aspecto remarcó, además, que los miembros de la Comuna Seis apoyaron la propuesta de los vecinos de la Asamblea del Parque Centenario, cuando le piden al Ejecutivo porteño que habiliten la participación vecinal en la toma de decisiones sobre el predio del barrio de Caballito.
El gobierno porteño comenzó esta semana el enrejado del perímetro del Parque Centenario, que durante los fines de semana alberga una feria callejera que avanzó sobre el interior del predio, lo que generó protestas de puesteros y vecinos e incidentes con la policía metropolitana.
Repudio de COMUNA
Comunicadores de la Argentina - COMUNA repudia enérgicamente la represión desatada por la Policía Metropolitana en el Parque Centenario el lunes 28 de enero. Nada justifica las acciones violentas contra feriantes y vecinos del barrio de Caballito que protestaban contra la medida impuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de colocar vallado en este espacio verde ni la detención en este marco de 22 personas.
En este marco, fueron agredidos varios colegas nuestros mientras trabajaban en el lugar, ejerciendo el periodismo para garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Julieta Elgul, cronista de la TV Pública, recibió 2 impactos de bala de goma en su abdomen y golpes. Ezequiel Medone, de los colectivos Antena Negra TV y DTL, recibió un golpe en la cabeza por el que tuvo que ser trasladado al Hospital Durand. Colegas de Canal 26 y otros medios también fueron víctimas de la represión policial.
Queremos además llamar la atención sobre el recorte informativo aplicado por algunos medios, con el objetivo de blindar periodísticamente a las autoridades de la Policía Metropolitana y del Gobierno porteño. El diario Clarín, en su edición digital del mismo lunes 28 a las 23:29 horas, publicó: “Al menos 12 detenidos en una protesta contra la colocación de rejas en el Parque Centenario - Vecinos que se oponen al proyecto del Gobierno porteño se enfrentaron con la Policía Metropolitana. Buscan evitar que la Ciudad comience el vallado del espacio verde.”
La elección semántica es notable. Los enfrentamientos ocurren entre dos bandos. Por el contrario, la represión va en una sola dirección: de la policía hacia los manifestantes y, en este caso, también hacia la prensa.
La omisión del contexto apoya esta protección. El Jefe de Gobierno Mauricio Macri está procesado por los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita en carácter de miembro. Esto en el marco de la causa por escuchas ilegales por las cuales también está procesado Jorge “Fino” Palacios, ex jefe, fundador e ideólogo de la Policía Metropolitana.
No es la primera acción violenta del gobierno de Macri por la utilización del espacio público. A través del decreto 145/09, el Jefe de Gobierno creó la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), con el objetivo de "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes", bajo el mando de Juan Pablo Piccardo, hoy presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La UCEP recibió numerosas denuncias por la violencia ejercida en sus procedimientos.
Comunicadores de la Argentina - COMUNA repudia enérgicamente la represión desatada por la Policía Metropolitana en el Parque Centenario el lunes 28 de enero. Nada justifica las acciones violentas contra feriantes y vecinos del barrio de Caballito que protestaban contra la medida impuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de colocar vallado en este espacio verde ni la detención en este marco de 22 personas.
En este marco, fueron agredidos varios colegas nuestros mientras trabajaban en el lugar, ejerciendo el periodismo para garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Julieta Elgul, cronista de la TV Pública, recibió 2 impactos de bala de goma en su abdomen y golpes. Ezequiel Medone, de los colectivos Antena Negra TV y DTL, recibió un golpe en la cabeza por el que tuvo que ser trasladado al Hospital Durand. Colegas de Canal 26 y otros medios también fueron víctimas de la represión policial.
Queremos además llamar la atención sobre el recorte informativo aplicado por algunos medios, con el objetivo de blindar periodísticamente a las autoridades de la Policía Metropolitana y del Gobierno porteño. El diario Clarín, en su edición digital del mismo lunes 28 a las 23:29 horas, publicó: “Al menos 12 detenidos en una protesta contra la colocación de rejas en el Parque Centenario - Vecinos que se oponen al proyecto del Gobierno porteño se enfrentaron con la Policía Metropolitana. Buscan evitar que la Ciudad comience el vallado del espacio verde.”
La elección semántica es notable. Los enfrentamientos ocurren entre dos bandos. Por el contrario, la represión va en una sola dirección: de la policía hacia los manifestantes y, en este caso, también hacia la prensa.
La omisión del contexto apoya esta protección. El Jefe de Gobierno Mauricio Macri está procesado por los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita en carácter de miembro. Esto en el marco de la causa por escuchas ilegales por las cuales también está procesado Jorge “Fino” Palacios, ex jefe, fundador e ideólogo de la Policía Metropolitana.
No es la primera acción violenta del gobierno de Macri por la utilización del espacio público. A través del decreto 145/09, el Jefe de Gobierno creó la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), con el objetivo de "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes", bajo el mando de Juan Pablo Piccardo, hoy presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La UCEP recibió numerosas denuncias por la violencia ejercida en sus procedimientos.
.jpg)
