Nación - El Pueblo Nuevo

Reportaje

La Argentina tiene que irse del GAFI y del FMI para recuperar la soberanía

El Secretario Nacional Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schumanse, refirió a la Ley Antiterrorista que aprobó el Poder Legislativo en los últimos días del año pasado.

¿Cuál es el porque para estar en contra de la ley llamada “antiterrorista”?
Es una ley claramente represiva que propone nada menos que duplicar el monto de la pena de los mil tipos de delito que prevé el código penal, depositando en estos jueces, que es el poder que menos ha cambiado en la Argentina en décadas, nada menos que el decidir que un acto individual o colectivo puede ser calificado de terrorista con definiciones tan ambiguas y vagas como la intención de aterrorizar a la población o pretender imponerle al gobierno que haga algo que no quiere.
Esta ley se inscribe en una larga historia de leyes represivas, contra las que la LADH ha peleado durante sus setenta y cuatro años de existencia.
Las leyes represivas tienen algo en común que no falta en esta, dejar en manos del juez la calificación del delito, lo que las hace absolutamente arbitrarias y que puedan ser utilizadas contra los luchadores sociales y políticos.
Esta ley tiene como dos complementos que la agravan, que se infiere que se aprobó por imposición extranjera, lo que no es ningún descargo para el gobierno sino todo lo contrario, porque podría ser pasible de un juicio por traición a la Patria por subordinarse a los designios extranjeros que está penado por la Constitución Nacional. El otro agravante es que hemos luchado mucho en la Argentina para juzgar al terrorismo de estado. Hemos luchado mucho contra la teoría de los “dos demonios” y contra los propósitos de juzgar a los luchadores populares. En los últimos tres o cuatro años habíamos conseguido que por terroristas se entienda a un terrorista de verdad, esta ley pone otra vez en discusión que los terroristas pueden ser los militantes populares. Desde el punto de vista cultural esto es gravísimo y atenta contra todo lo que se construyó en este período.
La noción de terrorista varía según el período y según quien tenga la hegemonía cultural, en 1977 para la sociedad argentina no había ninguna duda que los terroristas eran los luchadores populares; en el 2009 no había ninguna duda que eran los Videla y los Galtieri. Es un término que tiene tantas acepciones que es un territorio en disputa, y esta ley vulnera claramente el sentido popular y progresista del término que habíamos conseguido y nos retrotrae a discursos y debates de veinte años atrás.
Es realmente grave y serio porque en este país la cultura represora no desapareció de las fuerzas de seguridad, como cualquiera que lee los diarios lo sabe, y mucho menos del Poder Judicial. Todos estos sectores interpretan la ley como un mensaje del poder que les está diciendo que hay que perseguir a los luchadores populares.
No se si habrá inmediatamente juicios por la ley antiterrorista, pero aún aunque no los hubiera, toda la situación se ha deteriorado.
El gobierno nacional, debe entender que ha cometido un enorme error y que la contradicción de mantener la ley y el discurso de memoria; verdad y justicia, será cada vez más ostensible, para tener que terminar decidiendo de que lado se posiciona, si del lado de los represores que hoy aplauden esta ley, o del lado de las víctimas y de los organismos de Derechos Humanos, que sin excepción se han pronunciado contra esta ley.
Lo que corresponde ahora, ya que la Presidenta no la vetó como nosotros habíamos pedido, es que el Poder Ejecutivo, escuchando al pueblo, envié un proyecto de derogación reconociendo el error, sino que haya un grupo de diputados que asuman la representación de la voluntad popular y presenten ellos un proyecto urgente para su derogación.

Se ha hablado mucho que la ley apunta a la cuestión económica. ¿Cuánto hay de real en eso?
En 1974, cuando ya había asumido el gobierno la Sra. Isabel Martínez de Perón, en Argentina se aprobó la ley 20.840, que se la conoció como ley de seguridad nacional o antisubversiva, que fue con la que se juzgó a la inmensa mayoría de los compañeros durante la dictadura. Esa ley tenía un capítulo contra la subversión económica. En 1984 cuando asume Alfonsín se discute derogar la ley, varios diputados apoyan esto pero afirmando que había que dejar en pié el capitulo que perseguía la subversión económica, porque efectivamente las maniobras de los grupos transnacionales deben ser castigadas. En el 2001 y 2002 como todos sabemos los bancos se robaron la plata de los argentinos, que estaba protegida por dos leyes muy claras, la de la intangibilidad de los depósitos y la de garantía de los depósitos en divisas extranjeras. Además de robarse la plata se negaron a devolver los depósitos en divisas. El remanente de la 20.840 estaba vigente y el FMI exigió que se derogue y en julio del 2002, con la mayoría de legisladores de los que hoy es el FPV y la UCR, se derogó esa ley de lucha contra la subversión económica a pedido del FMI, es decir, que nos vengan a decir ahora que la ley tiene algo que ver con los delitos económicos, es un cuento que no lo puede creer ni Doña Rosa.
Había una ley y la derogaron, esta ley no es para perseguir los delitos económicos sino para controlar los flujos financieros, que es uno de los instrumentos que el FMI tiene para controlar la economía internacional y el gobierno nacional se ha subordinado al FMI y ha permitido que ahora estos flujos estén bajo el control de un organismo que es el GAFI.
El propio juez Zaffaroni ha dicho en estos días que si el FMI quisiera parar el lavado de dinero, que equivale a un billón y medio de dólares por año, con fijar la atención en el City Bank y proponer cerrar los paraísos fiscales, se termina el problema, así que todo eso es una patraña.

¿Habrá llegado el momento de rever los organismos que integra Argentina como por ejemplo el GAFI?
Seguro. La Argentina tiene que irse del GAFI; tiene que irse del FMI, para recuperar la soberanía nacional en el terreno de las finanzas, de lo que se hizo gala en el 2003 y 2004 con el manejo de la deuda, y ahora se está volviendo de manera inexplicable al redil de los que nos habían engañado y robado.
En estos últimos meses ha habido un renacimiento del FMI, de la mano del G-20, que nada bien le hace a los pueblos.
Argentina debería irse del FMI, del GAFI y de cualquier otro organismo financiero internacional que este subordinado a las potencias capitalistas.