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Polémico decreto para "apropiarse" de un río

(14/12) A horas de dejar el poder, el gobernador de Corrientes Arturo Colombi firmó un decreto por medio del cual autorizó la construcción de una represa que inundará 8.000 hectáreas de reservas naturales para que se instale un megaemprendimiento arrocero propiedad de los empresarios José Aranda (Nro. 2 del Grupo Clarín) y George Soros.

Un día antes de entregar el mando a su primo Ricardo, el gobernador saliente de Corrientes Arturo Colombi firmó un decreto por medio del cual autorizó la construcción de una represa que inundará 8.000 hectáreas, entre ellas las pertenecientes a la Reserva Natural Arroyo Ayuí Grande, creada en el año 2000, con la inteción de conservar la selva en galería que crece en torno al arroyo y que es una prolongación de la Selva Misionera o Paranaense.

La autorización es para que se pueda instalar un megaemprendimiento arrocero. Organizaciones ambientalistas denuncian que “el gobierno correntino y las empresas agropecuarias ocultan deliberadamente los daños ambientales que el proyecto provocará en la zona creando expectativas de prosperidad económica en la población del departamento de Mercedes”.

Represa Ayuí Grande es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur y prevé producir 120 mil toneladas anuales de granos. La iniciativa es de una UTE integrada por Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en Mercedes, que tendrá un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones.

Ya en julio del 2008, y por este mismo tema, Luis Landriscina, dos horas antes del comienzo del programa "Mano a mano con el campo", que condujo durante cuatro años por el Canal Rural, recibió una llamada, el conocido humorista atendió y se encontró con la voz de su hijo Fabio, productor periodístico del ciclo: “Viejo, tengo malas noticias. Acabo de recibir una llamada del canal; quieren que levantes la nota sobre el problema en el Ayuí Grande. Parece que estás pisando callos de gente pesada...”.

Landriscina tuvo una actitud ejemplar: “Fabio, nosotros tomamos la decisión de enviar la grabación del programa completo. Si lo cortan sería un caso de censura previa que no podemos permitir. Así que deciles que no sacamos nada...”. Su honestidad intelectual quedó sepultada por la impudicia del Grupo Clarín, propietario del Canal Rural, que ordenó levantar la emisión de ese viernes y repetir, en su lugar, el de la semana anterior. Por supuesto, el otro envío nunca fue emitido al aire. En el año 2009 el programa dejó de emitirse. Mano a mano con el campo había sido distinguido con el Martín Fierro 1999, 2005 y 2006.

De Aranda, que es decir una parte de Clarín, hay otras cosas para contar. El ejecutivo ejerce la titularidad de la Asociación Bradford Argentina, que representa a lo más granado de la oligarquía ganadera. Durante 2008 esta entidad publicó en el diario dos solicitadas en la que defendía la lucha “del campo” contra “la prepotencia del gobierno”. Y más todavía: a través de la compañía Copra S.A., que preside el mismo Aranda, Clarín y La Nación se unieron hace siete años para empezar a organizar las exposiciones rurales que tienen lugar, durante los meses de marzo, en distintos polos rurales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Estos eventos concentran a casi todo el espectro del sector agropecuario, lo que les permite acordar negocios por varios cientos de millones de pesos. En la edición 2008, realizada en Armstrong, Santa Fe, se concretaron ventas por $ 380 millones.

Volviendo a la inundación de la Reserva, el decreto 2353 –firmado por tres funcionarios del gabinete provincial, además del gobernador, el 9 de diciembre último– avala los informes de impacto ambiental efectuados por el Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA), refrendados en una serie de audiencias públicas de las que participaron los impulsores de la iniciativa y que fue impugnadas por las entidades medioambientales.

“Hicieron caso omiso a nuestras impugnaciones y avanzaron con el proyecto a tal punto que menos de 48 horas después de las audiencias y como último acto de gobierno Colombi firmó el decreto por el que autoriza la obra”, aseguró Aníbal Parera, de la Fundación Iberá. “Ayer, enviamos una carta documento exhortando al ICAA a expedirse sobre el recurso de impugnación de la audiencia y la totalidad del proceso administrativo completo, bajo apercibimiento de acciones judiciales”, dijo Parera. Y agregó: “Esto es una grave falta y la confirmación de un procedimiento en todo irregular”.

En las audiencias, se presentaron quienes apoyan y rechazan la iniciativa. El ingeniero Ricardo Freire, en representación de COPRA, presentó las adhesiones de los fabricantes de maquinaria agrícola, repuesteros, camioneros, trabajadores rurales, contratistas y otros sectores que se beneficiarán con la inversión.“Estos apoyos son entendibles. ¿Quién no quiere más trabajo, más dinero circulando en el pueblo, mejores oportunidades locales para evitar la migración de jóvenes que caracteriza a Corrientes?”, explicó una de las voces de la oposición, Enrique Lacour.

La evaluación de impacto ambiental, fue presentada por el ingeniero agrónomo Jorge Adámoli, quien acusó de “falsos” a los que “dicen que vamos a inundar 137 kilómetros de costas cuando en verdad son 137 hectáreas de bosques”.

Parera no escatimó críticas al supuesto “evaluador imparcial”. “Este señor reconoció haber cobrado dinero de las empresas para realizar su evaluación, lo que demuestra que fue completamente desarrollada por los propios gerentes de la compañía”.

La escribana María Mercedes Vallejos, en nombre del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, la abogada Ana Carola Galeano, Horacio Cardozo y los mencionados Lacour y Parera llevaron adelante la postura contraria a la aprobación de la represa, “que fue avalada con un petitorio con más de 3.200 firmas”. Los opositores dijeron que es “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”.

“Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera.