Nación

Una de espías y periodistas

14 de septiembre - El fiscal federal de San Isidro Sebastián Basso pidió el procesamiento al ex titular de la SIDE Juan Bautista Yofre, a ex agentes de inteligencia y periodistas como partícipes o encubridores de violar correspondencia electrónica de políticos, empresarios, sindicalistas y artistas.

El “Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE; los ex agentes de inteligencia, Pablo Carpintero e Iván Velásquez; Daniel Raimundes, General RE, ex secretario general del Ejército durante las presidencias de De La Rúa y Duhalde; Héctor Alderete, responsable del portal Seprin; y los periodistas Roberto García de Ámbito Financiero y Perfil; Néstor Ick, vinculado un multimedio de Santiago del Estero; Edgar Mainhard, de Urgente 24; Carlos Pagni de La Nación, son parte de esta trama judicial que los involucra en el tráfico y venta de información producida mediante el hackeo de cuentas de correo electrónico de funcionarios y personalidades. Para completar la novela no queda afuera el Departamento de Estado de EE.UU. y Rusia, ya que también se investiga a Daniel Santoro, de Clarín y a Guillermo Lobo del canal de noticias TN, alias SATIN y HALCÓN, como informantes del Servicio de Inteligencia Ruso, por lo que se les habría prohibido la entrada a los Estados Unidos.

El Fiscal Sebastián Basso requirió a la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado que procese a Yofre, Pablo Carpintero, Iván Velásquez, por asociación ilícita. Héctor Alderete, Daniel Raimundes y a los periodistas Roberto García, Edgar Mainhard, Néstor Ick y Carlos Pagni, son requeridos como partícipes o encubridores de violar correspondencia electrónica.

Como trascendió, desde el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, hasta los secretarios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pasando por Susana Giménez y Celeste Cid, todos fueron víctimas de los ciber-espías.

Carlos Pagni (La Nación), Héctor Alderete (Seprin), Edgard Mainhard (U24), Roberto García y el empresario santiagueño de medios Néstor Ick, de estrechos vínculos con Yofre, fueron los periodistas acusados por el fiscal de “sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento, por haber conocido el origen ilícito de la información y haberla utilizado a sabiendas de su ilegalidad, en beneficio propio y de terceros”.

"No existe ningún motivo razonable para demorar una decisión de índole jurisdiccional que implicará dar una mayor claridad a la situación procesal de los acusados", argumentó Basso, quien actúa como subrogante en la fiscalía del caso, al recordar que las indagatorias de la causa terminaron hace dos meses y que "los imputados han tenido acceso al expediente, han sido interiorizados de las acusaciones y de las pruebas de cargo en su contra", además de otras medidas.

La fiscalía enmarcó el delito dentro de una "asociación ilícita" y entendió que en la causa Yofre y los ex agentes Iván Velázquez, prófugo y Pablo Carpintero montaron la organización para vender lo producido.

En el caso de periodistas imputados "han reconocido expresamente haber recibido en cuentas receptáculos creadas especialmente para tal fin el producido de las intrusiones a los correos electrónicos de distintos funcionarios públicos que les fueron proporcionadas por Yofre, como líder indiscutido del microemprenidmiento criminal".

Sobre Yofre advirtió que "se desprende de los distintos correos electrónicos enviados y/o recibidos" por el ex funcionario que "era quien recibía el producido de las intrusiones" que estaban a cargo de otros imputados en la causa.

En las indagatorias, varios de los periodistas aludieron a Yofre como quien proporcionó direcciones de correo electrónico y su clave para acceder al contenido, que era la correspondencia de funcionarios públicos y otras personalidades además del "hackeo" de páginas de internet.
En el caso del periodista Mainhard, de "Urgente 24", Basso entendió por ejemplo que "actuaba con claro conocimiento de la procedencia ilícita de la información que recibía; no resultando extraño para la instrucción que, conforme surge de fojas 27 del listado de escuchas, tanto Yofre como Mainhard hayan estado hablando -con conocimiento de causa- de que había que ‘poner la lupa’ -entiéndase intrusionar la cuenta- en Fabián Gutiérrez, el asesor presidencial para aquella fecha".

Sobre García, de Ambito Financiero y Perfil, refirió que "desde el mes de enero del año 2007 hasta el mes de abril del año 2008 se advierten registradas distintas comunicaciones mantenidas entre el imputado García y Yofre que dan cuenta de la receptación del producido de las intrusiones remitidas por este último, a partir de los comentarios que realizan sobre las mismas yo de los comentarios insertos en los correos electrónicos intercambiados entre ambos que se decían: “más no puedo hacer por vos”, “ahora se lo mando a tu amiga, hablá con tu amiga”, “te gustó lo de hoy?”, etc., o el que dice: “para quinchos”, en referencia a la columna con tal nombre que tiene el diario Ambito Financiero ".

Pagni, de La Nación, por su parte "reconoció la receptación del producido de las intrusiones remitido por el imputado Yofre, y explicó que éste le proporcionó -por razones que dijo ignorar- una dirección de correo electrónico y su correspondiente clave de acceso para poder acceder a la misma y a su contenido, pero que nunca pagó por ello, ya que la información que le enviaba era intrascendente para su trabajo"
Para el fiscal "tanto la cuestión fáctica como su correspondiente autoría no sólo fue debidamente probada y demostrada, sino que además no pudo ser puesta en crisis por la argumentación de ninguna de las defensas y porque ninguna de ellas ha arrimado o sugerido pruebas que pretendan acreditar una realidad diferente."

En los allanamientos a los domicilios de ambos hackers, de Yofre, de Reimundes y de Alderete, se incautó información que alimentó las sospechas sobre la utilización política de la información robada. Un e-mail que lleva como remitente el nombre pantalla “congregacionsaleciana” tiene como destinatario a Carlos Prieto. El texto es un ofrecimiento de información. Incluye un pedido de dinero a cambio y otro de “discreción”. El correo lo firma “Tata”, el conocido apodo de Yofre. El mail no sólo echaría luz sobre el modus operandi para el presunto tráfico de correos electrónicos, sino sobre los objetivos políticos que habrían perseguido algunos de los sospechosos.

Prieto es un abogado oriundo de Lomas de Zamora, que trabajó con Eduardo Duhalde en ese municipio y fue su lobbista en Estados Unidos en 2002. Entre las pruebas que maneja la Justicia, surgirían indicios que, además, vinculan a Yofre con el llamado proyecto “Negro el 29”, con el que Duhalde vaticinaba una crisis de gobernabilidad para CFK que él proyectaba capitalizar.

La situación de los por ahora imputados en la causa, podría a futuro complicarse aún más.

El hacker prófugo Velázquez, podría ser acusado también de haber sido contratado por un servicio de inteligencia extranjero, el de Rusia más precisamente, para inmiscuirse en los correos electrónicos de diplomáticos norteamericanos y otras personalidades cuyas comunicaciones privadas se hicieron públicas a través de Wikileaks.

El nexo con Velázquez habría sido un periodista del diario Clarín, el que habría actuado como informante de los servicios de inteligencia rusos bajo el nombre clave “SATIN”, Daniel Santoro, junto a Guillermo Lobo del canal de noticias TN, alias “HALCÓN”.

Si bien aún se esperan definiciones sobre el tema, ya se conocieron algunas repercusiones. Entre ellas, la prohibición por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos del ingreso a su territorio del informante ruso.

 
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