Nación
Represa en el Ayuí es ambiental y jurídicamente inaceptable
El Ayuí Grande está en el corazón de la provincia de Corrientes a 50 km de los Esteros del Iberá, es el principal afluente del río Miriñay, que desagua en el río Uruguay y tiene una altísima biodiversidad.
“No se compadece con el modelo de desarrollo sustentable contemplado en nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y, por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada”, aseguró el constitucionalista Daniel Sabsay.
Quienes impulsan la represa intentan por tercera vez llevar adelante un ambicioso proyecto que formaría un lago artificial de 8.000 hectáreas para irrigar nuevos cultivos, perjudicando a los ganaderos, arroceros y habitantes ubicados aguas abajo.
El intento de represar el Ayuí causando daños irreversibles al ecosistema y a la biodiversidad, y amenazando a productores y habitantes aguas abajo, generó una campaña que suma adhesiones.
Por tercera vez en los últimos años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alternado el régimen de este importante curso de agua del que dependen otros productores y eliminando valiosos bosques nativos. El Ayuí está en el corazón de la provincia de Corrientes, a 50 km de los Esteros del Iberá, y es el principal afluente del río Miriñay, que desagua en el río Uruguay.
La Fundación Iberá, que lideró la contundente negativa de organizaciones y juristas de renombre en las oportunidades anteriores, dice: “No pueden hacerlo, y esta vez debería quedar desmantelada para siempre esta pretensión privada sobre un bien público, que es ambiental y jurídicamente inaceptable”.
Las empresas arroceras Copra SA y Adeco Agro hicieron hasta aquí lo imposible para llevar adelante su ambicioso proyecto de represar el Ayuí Grande, formando un lago artificial de 8.000 hectáreas con el fin de irrigar nuevos cultivos. Según dicen podrían alcanzar hasta 28.000 hectáreas bajo riego –señala la conocida ONG correntina.
Para la Fundación Iberá y una abrumadora parte de la ciudadanía esto resulta sencillamente inadmisible. Para conocer el enorme apoyo que logró la campaña basta ver el blog.
Según el constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, “los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso”.
Sabsay analizó el caso correntino para sostener: “No se compadece con el modelo de desarrollo sustentable contemplado en nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental que con tanto esmero ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación” –en alusión a una serie de sentencias entre las que se destaca “Mendoza”, conocida como “el caso del Riachuelo”.
Sería la primera vez que tal cosa ocurre y sentaría un riesgoso precedente en materia jurídica y ambiental.
El derrotero de las empresas para inundar el Ayuí
Año 2005. Cinco empresas reunidas en la UTE (Unión Transitoria de Empresas) liderada por Copra y Pilagá, intentaron avanzar con una represa, que por su tamaño descomunal decidieron denominar “Megarepresa”, esgrimiendo una Evaluación de Impacto Ambiental visiblemente endeble, arguyendo grandes beneficios para la zona. Encontraron una sólida resistencia de la comunidad.
Año 2007. Pilagá se vendió a Adeco Agro, quién se sumó a Copra para hacer resurgir el proyecto. Contrataron científicos y profesores universitarios reconocidos –cuyo prestigio se empañó tan pronto como sus nombres se incorporaron a un proyecto insalvable. La represa se achicó un tanto; de 11 mil pasó a 8 mil hectáreas de espejo de agua, pues una de las empresas entendió que el proyecto era inviable y retiró sus campos del proyecto.
Año 2008. Un notable grupo de juristas, artistas, productores y científicos publicó la Carta Abierta titulada “El Ayuí debe seguir siendo un arroyo”. Entre otros, firmaron la carta Antonio Tarragó Ros (cantante), Daniel Sabsay (constitucionalista), Antonio Brailosky (ambientalista), Eduardo Peluffo (productor del Miriñay), Ernesto Viglizzo (agrónomo del INTA/Conicet), Aníbal Parera (biólogo), entre muchos otros vecinos, productores y figuras de renombre regional y nacional.
Miles de personas se sumaron a la “Carta abierta” a través del Blog en defensa del Ayuí montado por la Fundación Iberá.
Las empresas entendieron sin embargo que lo único que les impedía avanzar era la vigencia de la Ley Nacional de Bosques, que congelaba los desmontes hasta que la provincia emitiera su Ordenamiento de Bosques Nativos. Entonces se retiraron de la escena, esta vez para empujar al gobierno de Corrientes a que emita un “Decreto de Bosques Nativos” que los habilite para avanzar con su proyecto de represa.
Año 2009. Habiendo obtenido el Decreto del Ejecutivo provincial, que lleva la firma del gobernador saliente Arturo Colombi, consiguieron un dictamen positivo de la oficina de Recursos Forestales y convocaron a una audiencia pública para el 4 de diciembre.
El Decreto de Bosques en la Justicia y la audiencia pública impugnada. Sin embargo, el Decreto de Bosques Nativos está ahora en manos la Justicia; la Fundación Iberá promovió un recurso de amparo, solicitando la nulidad absoluta del mismo por considerarlo:
- improcedente, al no publicar información obligatoria, como por ejemplos los mapas de zonificación de los bosques;
- inconstitucional, al contrariar varias leyes;
- promovido sin el consenso que exige la Ley Nacional de Bosques; y, lo que resulta especialmente grave,
- promotor de un daño a los productores de zonas con bosques nativos, automáticamente condenados a no percibir los beneficios de un importante fondo compensatorio por preservar dichos bosques.
Al filo del cambio de gobierno provincial y puestos en jaque por las expresiones realizadas en el lanzamiento de la Plataforma Ambiental del gobernador ahora electo, su asesor Lino Gómez, decía: “En uno de los afluentes del río Miriñay una empresa privada quiere taparlo e inundarlo para el cultivo de arroz y el actual gobierno no hizo nada, el único estudio que existe es el que pagó la misma empresa”.
No es de extrañar que las empresas impulsaran una audiencia pública a sólo seis días del cambio de gobierno. No obstante, la audiencia fue objeto de un recurso extraordinario de impugnación por haber sido convocada sin la anticipación reglamentaria. El recurso, promovido por la Dra. María Belén Blanco, alcanza también el procedimiento administrativo de aprobaciones parciales de la represa, y acusa de mal desempeño de los funcionarios intervinientes.
Para el cantante popular correntino Antonio Tarragó Ros: “Esta es una verdadera tragedia, y lo que yo aprendí que puede convertir la tragedia en virtud es el arte: vamos a escribir poesía y canciones al Ayuí, para que siga corriendo”.
Sin embargo, el osado e irregular proyecto de represa del Ayuí Grande vuelve a zozobrar, pues aun cuando han logrado el apoyo de numerosas instancias de la ciudadanía local –según el biólogo correntino Horacio Cardozo lo hicieron “vendiendo espejitos de colores, ocultando el tremendo impacto sobre la naturaleza y disimulando las trasgresiones legales”–, las empresas tendrán que visitar los tribunales.
Para el presidente de la Fundación Iberá Enrique Lacour, esta es una posición que no deja de ser ingenua: “Parecen no comprender que hay leyes en todos los niveles, desde el municipal hasta el internacional, que frenarían este proyecto en cualquier corte judicial”.
Las claves del Ayuí
- Arroyo Ayuí Grande: está en el corazón de Corrientes, a 50 km de los Esteros del Iberá, y es el principal afluente del río Miriñay, que desagua en el río Uruguay.
- Bosques en galería del Ayuí: dominados por el ingá, un árbol de 15 metros de altura, con presencia de timbó blanco, laurel, orquídeas y epífitas.
- Especies en extinción: en el Ayuí viven especies amenazadas que se verían desplazadas de su hábitat, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el lobito de río –las tres protegidas como Monumento Natural Provincial.
- Ambición desmedida: existen alternativas para irrigar cultivos en la zona, incluso aconsejadas por los mismos técnicos contratados por las empresas, como varias represas menores ubicadas en las cabeceras de cuenca, donde no hay bosques maduros por inundar. Su “defecto” es que no tendrían la misma capacidad que el proyecto busca.
- Sin precedentes: no existen precedentes de un proyecto de estas características. Represas de estas dimensiones son hidroeléctricas y al servicio de toda la comunidad (generación de energía eléctrica), no en beneficio de privados, como en este caso.
- Daño a productores: otros productores no acompañan este proyecto. En especial muchos ganaderos y arroceros ubicados aguas abajo temen por posibles accidentes (roturas del dique), falta de agua (no confían en que la empresa deje de retenerla en tiempos de sequía) y daños ecológicos (las producciones de la cuenca son dependientes del agua y del ecosistema).
- Falsa escuadra: el proyecto vulnera la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales. Sin embargo, la antijuricidad manifiesta no impidió que la provincia “acompañe” en todo momento el proceso. Con o sin Decreto de Bosques el proyecto es inviable.
- Poderosos intereses: no son empresas correntinas las que promueven el proyecto. Adeco Agro pertenece al grupo del financista internacional George Soros y el titular de Copra SA es un conocido gerente del grupo Clarín.
- Promesas: puestos de trabajo y donaciones a hospitales locales, es lo que proponen las empresas a cambio de destruir el ecosistema y vulnerar el acceso al agua a productores y habitantes de la baja cuenca.
Adecoagro abandonó el Proyecto Ayuí El Decreto de Bosques en la Justicia y la audiencia pública impugnada Sin embargo, el Decreto de Bosques Nativos está ahora en manos la Justicia; la Fundación Iberá promovió un recurso de amparo, solicitando la nulidad absoluta del mismo por considerarlo: (a) improcedente, al no publicar información obligatoria, como por ejemplos los mapas de zonificación de los bosques; (b) inconstitucional, al contrariar varias leyes; (c) promovido sin el consenso que exige la Ley Nacional de Bosques; y, lo que resulta especialmente grave, (d) promotor de un daño a los productores de zonas con bosques nativos, automáticamente condenados a no percibir los beneficios de un importante fondo compensatorio por preservar dichos bosques. “Si bien esto último pasó desapercibido para muchos ciudadanos, la posibilidad de acceso al fondo cayó automáticamente cuando el gobernador decidió firmar un decreto en lugar de buscar la vía parlamentaria correspondiente para reglamentar el uso de los bosques” –explica el biólogo Aníbal Parera, con trayectoria en políticas de producción rural sustentable–; “la ley penaliza de esta forma a las provincias que deciden esquivar la vía parlamentaria”. Al filo del cambio de gobierno provincial y puestos en jaque por las expresiones realizadas en el lanzamiento de la Plataforma Ambiental del gobernador ahora electo, su asesor Lino Gómez, decía: “En uno de los afluentes del río Miriñay una empresa privada quiere taparlo e inundarlo para el cultivo de arroz y el actual gobierno no hizo nada, el único estudio que existe es el que pagó la misma empresa”. No es de extrañar que las empresas impulsaran una audiencia pública a sólo seis días del cambio de gobierno. No obstante, la audiencia fue objeto de un recurso extraordinario de impugnación por haber sido | Ecologistas celebraron la decisión de Adecoagro (Posadas, Misiones | NDN) Mediante un comunicado de prensa la Organización Ecologista Guardianes del Iberá celebró la decisión de la empresa Adecoagro (propiedad de George Soros) de retirarse del consorcio que llevaba adelante el proyecto Ayuí. “Esto marca un hito en la crónica de un final anunciado para el Proyecto Ayuí”, dijo Emilio Spataro dirigente de la organización ambientalista que recientemente encabezó una movilización en Corrientes Capital, justamente exigiendo que las empresas desistan del proyecto. “La decisión que tomó la empresa de Soros, demuestra que cuando existen leyes, fundamentos técnicos y movilización ciudadana, las empresas no pueden avanzar con sus planes ilegítimos por más de que tengan el apoyo irrestricto de algunos gobernantes", comentó Spataro. En tanto los ambientalistas volvieron a ratificar su postura de que el Gobierno Provincial debe cambiar su política agraria priorizando el impulso a la agricultura orgánica, cooperativista, de productores pequeños y medianos y la agricultura familiar con pleno y real cuidado del ambiente, en vez de seguir apoyando a grandes empresarios a destruir el iberá y los demás ecosistemas |
.jpg)
