Nación


El pez por la boca...

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat denunció al titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, ante el fuero penal por el delito de "coacción agravada" a raíz de sus dichos de que "la consigna es desgastar a este gobierno".

"No se trata de perseguir a nadie por sus opiniones ni desconocer el derecho a expresarlas" sostuvo el letrado, para quien, sin embargo, el dirigente rural incurre en la "coacción agravada y la amenaza desestabilizadora de las instituciones". Barcesat presentó su denuncia ante el Juzgado Federal 2, ampliatoria de otra que realizara contra la Sociedad Rural Argentina durante los cortes rutas contra las retenciones a las exportaciones. En su escrito, el abogado consideró que la amenaza de nuevos cortes de rutas y desabastecimiento alimentario "comporta una amenaza y un daño que compite en efectividad el alzamiento en armas". Según declaraciones reproducidas por la prensa y luego ratificadas, Buzzi dijo en una asamblea agropecuaria en Chaco que "desde la Comisión de Enlace hay una actitud de ir desgastando y erosionando desde donde se pueda a este gobierno". "Estas expresiones ingresan en le cono de sombra institucional que descalifica el artículo 36 de la Constitución Nacional", dijo Barcesat en su denuncia. El constitucionalista destacó que las expresiones no son propias de quien las propaló sino de un conjunto de entidades que, a su vez, no las desmintieron. Por ello pidió al tribunal que "se advierta que no estamos en presencia de un tema de la ley de abastecimiento" ya que "no se trata de de reclamos de productores agropecuarios por mejores condiciones de rentabilidad para su explotaciones". Estos reclamos, dijo, podrían tener "perfecta cabida y legitimidad en el marco de las instituciones" pero "no por vías de hecho que tienen la contundencia de poner al país al borde una situación de desabastecimiento generalizado". "Dada la gravedad de los hechos ya acaecidos y cuyas consecuencias todos seguimos padeciendo,(estamos) frente a una nueva coacción agravada que tiene en la mira los poderes públicos y el orden institucional", dice. Finalmente, Barcesat pidió la intervención del fuero federal "para poner término a la situación de coacción agravada, preservado las instituciones y el deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional".

 
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