La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley para concretar una nueva reapertura del canje de bonos de la deuda argentina.
Al mismo tiempo, la jefa de Estado anticipó la posibilidad de que los inversores que ingresaron a canjes anteriores, tendrán la opción de elegir por bonos de legislación nacional, de manera de garantizar a los tenedores el pago en la moneda prevista de los vencimientos pautados en los procesos anteriores.
Cristina, a través de un mensaje trasmitido por cadena nacional, dijo que tomó la decisión tras conocerse fallo el viernes pasado de la Cámara de Apelaciones, en el que se ratifica el método de pago dispuesto por el juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre, aunque su ejecución queda en suspenso hasta que se pronuncie la Corte Suprema de EEUU.
La Presidenta sostuvo que "el fallo es un poco injusto con Argentina", debido a que "toma como argumento una nota del diario Financial Times, que nos condena porque (sostiene que) Argentina es un deudor recalcitrante".
Cristina subrayó que "este fallo ignora este acuerdo que hemos logrado con el 93% (de los acreedores) y lo minimiza".
A renglón seguido puntualizó que "nuestro gobierno es pagador serial pero no endeudador serial porque (la deuda que cayó en default) se tomó en otras gestiones".
A modo de ejemplo, Cristina citó que "Argentina ha pagado entre 2005 y 2012, la cifra de 173.000 millones de dólares" en cumplimiento de las obligaciones contraídas. De ese total, 44.044 millones de dólares correspondieron al sector público, mientras que 81 4087 millones de dólares "le hemos pagado al sector privado tanto extranjeros y nacionales tenedores de bonos".
La parte restante, estimada en más de 51.000 millones de dólares, fueron destinadas al pago de compromisos con organismos multilaterales.
“Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales, con un aditamento: lo hicimos con recursos genuinos, con recursos que hemos logrado a partir de la administración de comercio y recursos del Estado sin acceder al mercado de capitales".
Al anunciar el envío del proyecto de ley para la reapertura del canje -tercera desde 2005-, Cristina recordó que "el Congreso es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina" y que "el Poder Ejecutivo actúa siempre como negociador, como delegado, pero los acuerdos deben pasar por el Parlamento para ser aprobados o rechazados".
"Más que deudor recalcitrante, el país es un pagador serial" Enfatizó que con la medida "queremos demostrar la profunda vocación de hacer frente a los compromisos que tiene la República Argentina", y que el canje permitirá que ese 7% por ciento de los tenedores que permanecen con títulos en default "puedan ingresar y cobrar en paridad de condiciones con el resto de los acreedores".
Dijo que la propuesta de reemplazar los títulos existentes por otros bajo legislación nacional "por la misma moneda, por los mismos plazos" tienen por objetivo cambiar el lugar de pago "para evitar eventuales embargos que puedan sufrir los fondos".
Ratificó que el 12 de septiembre próximo "vamos a pagar otro bono, que es el Bonar VII, por algo más de 2000 millones de dólares".
Cristina enfatizó que "la certeza y la seguridad jurídica no sólo emana de nuestra convicción en cuanto a hacer frente a las obligaciones que la Argentina como Estado se había comprometido, a pesar de que las deudas no habían sigo generadas por nuestro gobierno".
En el tramo final de su discurso, tras explicitar su deseo de que "Dios" ilumine a la Corte Suprema de EEUU al momento de fallar en la causa que Argentina enfrenta a fondos buitre, dijo que la iniciativa anunciada esta tarde busca garantizar la continuidad del proceso de crecimiento iniciado en Argentina en 2003 "en un marco de seguridad jurídica y de hacerse cargo de las obligaciones".
La Presidenta, al dirigirse al "mundo financiero internacional y a las autoridades de Estados Unidos, fundamentalmente a su Corte", dijo que con un nuevo fallo contrario a la Argentina "se estaría infligiendo un severo daño a la seguridad jurídica, a la confianza que se debe tener en la reestructuración de deuda, en un momento muy difícil del mundo en materia financiera".
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