En un comunicado público condenó la acumulación de recursos "por encima de los derechos y las necesidades de las personas", y enfatizaron en que los "derechos humanos están por encima de los negocios y los intereses privados por más legales que sean".
Según señalan, El 25% del territorio de la Provincia de La Rioja está afectado por la industria minera, y el pueblo de Famatina ha decidido levantarse para rechazar el proyecto minero asentado en el cerro porque ello "representa la contaminación de la fuente principal de abastecimiento de agua para la población, el único curso de agua que reciben de la precordillera andina".
Reconocen que es "verdad que la humanidad necesita una cierta cantidad de minerales para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no. Pero también es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo las formas de sustento y el ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en áreas impactadas por la minería".
"La tierra es de todos y no de las empresas o los gobiernos. Los proyectos de la economía extractivista no son un dogma de fe. Pero para el gobierno provincial pareciera que la resistencia popular es una herejía castigada con una serie de recursos nada democráticos: represión, amenazas, persecución, listas negras y criminalización de la protesta social", agrega el comunicado.
Así también repudian "la connivencia del gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera con los intereses de la industria extractivista, la violencia injusta y abusiva, física y verbal contra el derecho a la protesta".
En el comunicado expresan también el respaldo a la "lucha del párroco Omar Quinteros en defensa de los derechos de la comunidad de Famatina y las Asambleas Ciudadanas por la Vida".
Las "instituciones democráticas no están para proteger los negocios sino para garantizar los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos del pueblo argentino", dice el documento.
El grupo de curas en la Opción por los Pobres rechazaron también "la violencia extrema contra los pueblos indígenas y en este caso contra las comunidades Qom de Formosa. Amenazas, violencia, asesinatos, malos tratos, usurpaciones, racismo, son el pan cotidiano que amarga la vida de estos conciudadanos nuestros con plenos derechos cuyo "pecado" principal es habitar las tierras codiciadas por los terratenientes de la zona", dice el pronunciamiento, en el que se exige "que se respeten las instituciones de las comunidades Qom y se impida que sigan siendo despojados de sus territorios ignorando los derechos especiales reconocidos por la Constitución Nacional (art. 75), leyes internacionales, gobiernos nacionales y provinciales".
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