La decisión la dará a conocer el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3.
Menem y los demás procesados, como el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, habían sido absueltos en un juicio oral pero la Cámara Federal de Casación revocó esa decisión y los condenó.
Los montos de las penas serán anunciados mañana a las 15 por el mismo tribunal oral que los había absuelto y que la semana pasada realizó audiencias para escuchar a las partes antes de decidir.
Carlos Saúl Menem tiene un pedido de ocho años de prisión efectiva en su contra por parte del fiscal ante el Tribunal, Marcelo Aguero Vera y cinco años por parte de la Aduana, querellante en la causa.
Si fuese condenado a una pena de cumplimiento efectivo, el Tribunal debería pedir el desafuero de Menem al Congreso de la Nación, por lo que de inmediato no corre ningún riesgo de ir a prisión.
El fiscal del Tribunal pidió ocho años de prisión efectiva en su contra Aguero Vera también requirió el desafuero y la inhabilitación absoluta de Menem para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo que se le fije como condena.
Para Oscar Camilión, por su parte, la fiscalía pidió 7 años de cárcel y para otro de los condenados, el ex coronel del Ejercito Diego Palleros, ocho años.
El Tribunal tendrá que pronunciarse mañana además sobre planteos del defensor de Menem, Maximiliano Rusconi, quien había pedido la nulidad de todo lo hecho a partir del fallo de Casación por estar ante el posible delito de "prevaricato".
La fiscalía pidió además 5 años de cárcel para Carlos Nuñez y Teresa Irañeta de Canterino; también para el ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino y seis años y medio para Manuel Cornejo Torino.
Tras haber sido absueltos en septiembre de 2011 al término de un juicio oral que duró casi tres años, todos fueron condenados en marzo pasado por Casación.
El máximo tribunal penal del país los encontró culpables de "contrabando agravado por tratarse de material bélico, por contar con la participación de funcionarios públicos y por haber sido cometido por más de tres personas".
Se trata de la firma de decretos presidenciales que avalaron la venta de armamento de guerra desviado a Croacia y Ecuador, pese a que en lo firmado figuraban otros países de destino.
La audiencia fue convocada para las 15 en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
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