Los magistrados judiciales Gustavo Moreno y Andrés Gallardo explicaron que muchas de las sentencias corresponden a causas iniciadas durante la gestión de Mauricio Macri y que la administración PRO ha acrecentado la falta de cumplimiento de las demandas judiciales.
“El gobierno porteño utiliza todos los artilugios para no cumplir con las decisiones judiciales”, aseguró en una entrevista con Télam el asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario Nº 1 de la Ciudad, Gustavo Moreno, al tiempo que remarcó que las 29 causas “son muchas para una ciudad rica, poderosa y con la gran infraestructura que tiene Buenos Aires”.
El magistrado de la Ciudad también cuestionó que “este gobierno reacciona espasmódicamente por lo que sale en los medios de comunicación y no cumple lo que dice una sentencia judicial”.
En línea con Moreno, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Andrés Gallardo opinó que en primer lugar “hay un desapego al cumplimiento de las pautas constitucionales, la ley y las sentencias”.
"Lo más grave es que detrás de ese incumplimiento formal subyace una postura política que claramente lo pone al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la construcción de la sociedad dual, en la cual un grupo de vecinos goza de los derechos constitucionales sin ningún tipo de restricción y una importantísima cantidad de vecinos quedan afuera de ese goce de derechos”, sostuvo.
Y subrayó: “Este combo de discriminación social y luego represión como añadidura es, según los libros más importantes de sociología, generador de violencia”.
En salud, por ejemplo, hay acciones judiciales contra el poder Ejecutivo porteño por incumplimientos en materia de infraestructura, equipamiento, insumos, medidas de seguridad y recursos humanos en casi la tercera parte de los 33 hospitales de la Ciudad (Muñiz, Penna, Cosme Argerich, Udaondo, Tornú, Elizalde, de Quemados, Gutiérrez, Borda y Dr. Lagleyze).
Esos incumplimientos se suman a causas por la falta de camas en Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, especialmente durante el brote de bronquiolitis; la apertura de ese servicio en el hospital Durand; la retención de partidas presupuestarias del hospital Garrahan; la falta de infraestructura y recursos humanos de los Centros de Salud de Acción Comunitaria Nº 8 y Nº 35 de la Villa 21-24 y otra sentencia por accesibilidad a medicamentos de venta libre en asentamientos y villas.
El caso más emblemático en esta materia es el hospital Borda, que ha tomado fuerte estado público en los últimos días por la represión de la Policía Metropolitana contra médicos, pacientes y periodistas durante la demolición del Taller Protegido Nº 19.
En tanto, en vivienda, el gobierno de la Ciudad acumula fallos que lo obligan, entre otras cosas, a brindar una solución habitacional hasta tanto se culminen las obras de urbanización en las villas 31 y 31 bis, a ejecutar el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales en el Complejo Habitacional Zavaleta y a resolver el déficit de infraestructura de los complejos habitacionales Comandante Luis Piedrabuena y Soldati.
A esto se suma el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema para relocalizar a 1.334 familias de la villa 21-24 por la limpieza del Riachuelo. De todas esas familias, que viven en los márgenes del Riachuelo, 467 aún no tienen los terrenos a donde serán trasladadas.
El gobierno porteño además ignora fallos que lo obligan a realizar un relevamiento de plazas, plantación de árboles, iluminación y bebederos en las villas de la Ciudad y a la recolección de residuos en la villa 20.
Al ser consultado sobre cómo continúan estas causas, el juez Gallardo explicó que “ahora las fiscalías y los tribunales penales están analizando los incumplimientos que están judicializados en sede penal y estamos esperando -y creemos que hay elementos suficientes para que ocurran- próximos procesamientos en cabeza del jefe de gobierno porteño y de distintos ministros y responsables de áreas que han incumplido sistemáticamente decisiones judiciales”.
En ese marco, por último, hizo “un llamado a la sociedad para que, en este momento en que el gobierno nacional hace esfuerzos para que la justicia se legitime y tenga canales de comunicación aptos con la sociedad civil y política, piense serenamente, pero profundamente, si queremos seguir indiscriminadamente en este camino de violencia” en la Ciudad.
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