27/12/12-.Emilio Herrera Molina, uno de
los integrantes del tribunal que absolvió a los trece imputados en el juicio
por Marita Verón, aclaró que seguirá en el cargo hasta completar los trámites
de jubilación que inició oportunamente.
El vocal de la Sala II de la
Cámara Penal aclaró que seguirá en el cargo hasta completar los trámites de
jubilación que inició oportunamente, con lo que busca evitar el Jury de
Enjuiciamiento, proceso que se puso en marcha hoy con la presentación que realizaron los abogados de Susana
Trimarco.
La nota fue presentada hace
unos días y ya está en poder de la Corte Suprema de Justicia, según informaron
a Télam voceros judiciales.
El magistrado renunciante
tiene 69 años, entró a la Justicia en 1986 y se desempeñó primero como juez del
Crimen en Concepción; luego fue fiscal
de Cámara en la capital y desde 1992 integra la Sala II de la Cámara Penal.
Con esta dimisión, Herrera
Molina evitaría someterse al proceso de destitución que esta mañana puso en
marcha Trimarco, la madre de Marita, mediante una denuncia presentada en la
Legislatura contra él y los otros integrantes del tribunal, Alberto Piedrabuena
y Eduardo Romero Lascano.
La comisión de Juicio
Político recibió la denuncia y procedió a pedir que los denunciantes ratifiquen
o rectifiquen las acusaciones, lo que se descuenta que se producirá mañana.
A partir de ese momento
comenzará el proceso que desembocará en el Jury de Enjuiciamiento, que se
constituirá en febrero y tendrá la responsabilidad de determinar si corresponde
o no la destitución de los jueces denunciados.
En la presentación, los
abogados acusan a los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara Penal de
haber incurrido en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y falta
de cumplimiento de los deberes de su cargo (art. 47, 125 al 131 de la
Constitución Provincial).
Los hechos que motivan la
denuncia se basan en la conducta y procedimientos de los integrantes de la Sala
II durante el juicio cuyo fallo fue dado a conocer el día 11 de diciembre del
corriente año en curso.
Los abogados recuerdan que
el expediente fue elevado a juicio en el año 2004, y en fecha 18 de mayo de
2009 la Sala II de la Cámara Penal fue designada mediante sorteo para entender
en el debate oral.
"Pasaron 8 años para
que se produjera el debate oral y público, desde la elevación a juicio, y 2
años y 7 meses desde que fue designada la Sala II", indican.
Además, señalan que en 2011
tuvieron que interponer ante esa sala el pronto despacho para su iniciación, el
que fue rechazado.
"Eso motivó nuestra
queja por denegación de justicia ante el Superior Tribunal, el que corrió la
misma suerte", señalan.
Tras hacer una breve reseña
sobre el juicio y los imputados, la nota resalta las principales irregularidades
advertidas en el debate oral y público.
"Podemos establecer una
suerte de inventario: amenazas a testigo, amenazas a abogados; amenazas a
imputados, incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los
jueces del tribunal (inc. 1, 2, 4, 5 y 7 del art. 4 de la ley 8.199)",
añade el escrito.
"Todo ello dejó al
desnudo un debate oral y público parcial, al margen del juicio justo y debido
proceso legal", indican los abogados que firman la presentación, Carlos
Varela Alvarez, José D`Antona y Carlos Garmendia.
D`antona, a cargo de la
querella, calificó a los jueces de "corruptos" e indicó que "han
incurrido en negligencia, parcialidad y están fuertemente sospechados de algún
tipo de irregularidad económica".
"Pedimos la destitución
de los tres jueces (Piedrabuena, Molina y Romero Lascano) por las
irregularidades cometidas durante los diez meses y medio de audiencias, todas
las violaciones al Código Penal y otros tipos de normativas", indicó
D`Antona.
Según el abogado, "son
muchas las cosas que han sucedido y no las podemos dejar pasar por alto".
"Durante todo el
juicio, estos tres jueces no les creyeron a las víctimas y según la opinión de
ellos las mujeres rescatadas de prostíbulos y que atestiguaron haber visto en
esos lugares a Marita Verón, eran putas que estaban en los burdeles porque
querían", agregó.
D`Antona aclaró que
"nunca nadie dijo que toda la Justicia tucumana es corrupta, ni mucho
menos, pero por culpa de estos tres jueces están sospechados injustamente y
están pagando justos por pecadores, ya que en esta provincia hay jueces probos,
honestos y comprometidos".
"Cuando se produzca la
destitución de estos tres jueces, tal como lo pedimos, el poder judicial de
Tucumán va a poder descansar porque es culpa de ellos que están todos
sospechados", añadió.
El abogado de Trimarco
explicó que la presentación es "el resultado de 10 meses y medio de
ilícitos e irregularidades que han cometido estos tres jueces con testigos,
víctimas, abogados y con los propios imputados".
También destacó "las
amenazas que recibieron (los abogados) Garmendia y Belén Lembo", ambos de
la Fundación María de los Angeles.
Por otra parte, la
Asociación de Magistrados de Tucumán dio a conocer hoy un comunicado en el que
señala que tras el fallo "se produjeron acusaciones sin fundamento alguno,
desprestigiando la labor de cientos de personas que entregan su esfuerzo en pos
de una mayor y mejor justicia".
"Sorprende y alarma a
esta Asociación que desde diferentes sectores sociales se haya condenado un
fallo a escasos minutos de su pronunciamiento, sin conocer sus fundamentos,
agraviándose a los jueces que lo dictaron", señalan en el texto.
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