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La CTA reclama medidas preventivas ante la crisis financiera internacional

(ACTA) Una delegación de la Central de Trabajadores de la Argentina, encabezada por su secretario general, Hugo Yasky, se entrevistó hace instantes con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Allí le presentaron la declaración emitida por la conducción nacional que reclamó la defensa del mercado interno y la producción nacional y pidió que el Gobierno disponga por 180 días que no se produzcan suspensiones ni despidos de trabajadores y resaltó que el principal problema a resolver sigue siendo el de la desigualdad social.
A las 15.30 el titular de la cartera laboral –junto a Nomei Rial (Viceministra) y Norberto Ciaravino (Jefe de Gabinete)– recibió, en la sede central de Leandro L. Alem al 660, a la delegación ceteatista conformada por Hugo Yasky, Pablo Micheli, Pedro Wasiejko, Víctor Mendibil, Ricardo Peidro y Horacio Fernández. Tomada recibió de mano de los dirigentes nacionales de la CTA un documento elaborado por toda la conducción que reclama medidas preventivas ante la crisis financiera internacional que, en consonancia con la Confederación Sindical de las Américas (CSA), afirmó que la actual crisis que sacude a las economías de los países centrales “es la dramática confirmación de que el enfoque neoliberal de políticas basado en la desregulación y la especulación financiera llevan al desastre”.
“Si hacía falta algo más para terminar de enterrar las supuestas enseñanzas del Consenso de Washington, aquí lo tenemos a la vista de todos. Los que hasta ayer repelían la intervención estatal, en nombre del dogma del libre mercado, ahora la reclaman para que éste se haga cargo de sus pérdidas.”, aseguró la conducción nacional de la CTA, integrada por la Comisión Ejecutiva nacional y los secretarios generales de la Central de todo el país, luego de la reunión que culminó ayer en el Hotel de ATE.
La central obrera también recordó que en la lógica capitalista “es natural que las ganancias tiendan a concentrarse en pocas manos y las pérdidas se transfieran a las mayorías populares, que son las que sufrirán las consecuencias en términos de recesión, desempleo, cierre de empresas y empobrecimiento”.
En ese sentido, la CTA reclamó la defensa del mercado interno y la producción nacional, pidió que el Gobierno disponga por 180 días que no se produzcan suspensiones ni despidos de trabajadores y resaltó que el principal problema a resolver sigue siendo el de la desigualdad social. Y le exigió al Gobierno Nacional que garantice a través de una batería de medidas la protección a los más débiles: “No es posible admitir que tal como pasó en la salida de la convertibilidad y en las crisis anteriores, los platos rotos los terminemos pagando los asalariados y los 13 millones que todavía permanecen debajo de la línea de la pobreza, a quienes nadie puede pedirles que esperen un nuevo ciclo de bonanza económica para satisfacer sus necesidades básicas”, argumentó.
La CTA advirtió sobre “la necesidad imperiosa” de avanzar en la resolución “del problema de la desigualdad social, ya que la onda expansiva de la crisis abordada desde la lógica mercantilista significará profundizar aún más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen”. Y sostuvo que debe convocarse “a la constitución de un Consejo Económico Social, en el que se puedan definir estas y otras políticas públicas que nos permitan transitar esta etapa de crisis con el máximo de recaudos, para impedir que los países centrales nos vuelvan a transferir los costos del desastre económico producido por el descontrol de la especulación financiera y la falta de regulaciones a la voracidad sin límites del capital".

En consecuencia, la Central propuso cuatro puntos para afrontar esta crisis:

“1. Defender a la población en situación de mayor vulnerabilidad social, a través de políticas públicas que instituyan por ejemplo la universalización del salario por hijo para todos los trabajadores y desocupados del país. En esa línea, debería resolverse un aumento de emergencia de la mínima jubilatoria, el ajuste del valor de los planes de la ayuda social y la reformulación del Seguro de Empleo y Formación.

“2. Proteger la producción y el mercado interno, ya que ante el peligro inminente de recesión mundial hay que estimular la capacidad de consumo de los sectores populares para sostener el ritmo de crecimiento de la economía y de la generación de empleo. Reclamamos para ello el dictado de una norma que prohíba por un plazo de 180 días, la suspensión y el despido de personal tanto en el sector privado como público. Junto con ello deberá garantizarse el poder adquisitivo de los salarios.

“3. Definir instrumentos de intervención estatal para sostener la expansión económica a través de pautas que estipulen la reinversion de las altas utilidades de los sectores mas dinámicos de la economía y, a nivel del Estado, la articulación con las provincias de un Plan Nacional de Obras Publicas que provea la creación de nuevos puestos de trabajos en todo el país.

“4. Profundizar la integración horizontal con las naciones de América Latina (MERCOSUR, UNASUR y ALBA), avanzando hacía la definición concertada de un modelo regional productivo, energético, alimentario y monetario, basado en la complementación para potenciar nuestras capacidades ante las turbulencias de las economías de los países centrales”.