Informe
Inseguridad: no faltan leyes, falta distribución de la riqueza
Como cada año electoral la sociedad debate sobre la necesidad o no de aplicar mano dura contra niños y adolescentes. Aquí un informe sobre la postura de distintos sectores políticos. A continuación el de Libres del Sur.
Una vez más, la muerte de un ciudadano asaltado en su domicilio, esta vez en la localidad bonaerense de Tolosa, y la detención de un chico de 15 años acusado de ser el autor material de ese asesinato, reavivó el debate sobre la baja de edad de imputabilidad de los menores.
No tardaron en escucharse las declaraciones de quienes reclaman la inmediata sanción de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados de la Nación, que incluye la baja de imputabilidad a los 14 años, y que obtuvo media sanción en el Senado en el 2009. Desde Mauricio Macri y Francisco De Narváez hasta Elisa Carrió, Ernesto Sanz y Gerardo Morales se han expresado a favor del urgente tratamiento y promulgación de esta Ley.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además se desempeña como presidente del Partido Justicialista nacional, Daniel Scioli, no fue la excepción, y afirmó al respecto que “en el Senado el bloque del Frente para la Victoria aprobó el proyecto y ahora en Diputados acompañará el tratamiento (…) Vamos a instruir a los legisladores para la sanción definitiva.”.En estos dichos fue secundado por su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que expresó: “Creo que es necesario que ese pedido que ha hecho Daniel Scioli se atienda y se pueda tratar, y al menos tener una ley marco nacional que regule, cualquiera sea la situación, pero que la regule, no que exista ese vacío legal como hay ahora”.
Por otra parte, el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, opinó que "es más peligroso para la sociedad y para el mismo chico que delinque que no estén reglamentados derechos y garantías que la sanción misma del Código”.
Esta seguidilla de declaraciones bonaerenses es una clara decisión política de instalación mediática del tema, aunque no de la explicación de su verdadero origen y mucho menos de su solución.
Tampoco se escapa a estos representantes del Estado argentino que la Constitución Nacional Argentina en su artículo 75, inciso 22, aprueba la Convención Sobre los Derechos del Niño otorgándole jerarquía superior a Ley, ni que la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sus Títulos I, II y III, así como la Ley provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños en sus Títulos I y II, consagran estos derechos y garantías y la absoluta responsabilidad del Estado en la promoción y protección integral de los mismos.
Ellos lo saben muy bien. No existe un vacío legislativo ni falta de reglamentación alguna como nos quieren hacer creer al explicar las causas de “la inseguridad”. Lo que existe es una falta de cumplimiento de leyes vigentes, lo que viola derechos y garantías adquiridos, al no cumplirse en el país ni en la provincia de Buenos Aires las condiciones de vida digna de los sectores populares.
Por otro lado, un informe oficial distribuido recientemente por el Ministerio de Economía de la Nación señala: “ A un año del peor shock externo desde la Gran Depresión, la economía local ha retornado a las tasas positivas de crecimiento del PBI y se encamina a cerrar el año con una cifra cercana al 9% y una tasa de desempleo para el cuarto trimestre del 7,4%”, pero no se considera en el informe que históricamente los sectores juveniles padecen doblemente las secuelas del desempleo, trepando el mismo, en este sector social, a cifras que superan los dos dígitos.
“En el Gran Buenos Aires el desempleo juvenil no afloja: entre los varones es del 15% y llega hasta el 21,2% entre las mujeres, duplicando los niveles década sector (…) Estos porcentajes ubican al conurbano bonaerense con las tasas de desocupación juveniles más altas de todas las regiones del país, de acuerdo a cifras del INDEC.”.
Y si sumamos a esto que las reservas del Banco Central alcanzaron el record de 52.591 millones de dólares, y que en la provincia de Buenos Aires en 2010 se hizo un recorte presupuestario en el área de Niñez y Adolescencia, se entiende que hay recursos económicos y humanos para garantizar estos derechos, pero que lo que falta es decisión política e interés verdadero por parte del gobierno nacional y provincial para hacerlo.
Por último, debemos concluir que los impulsores de la “mano dura”, al hablar de la inseguridad social no van al fondo del asunto porque no tienen intenciones verdaderas de solucionar el problema al corto o largo plazo. Especulan políticamente etiquetando a la juventud bajo el concepto de “delincuencia juvenil” que ellos mismos instalan y promueven tras un debate puesto patas para arriba y en función de conseguir una especie de profecía autocumplida.
La inseguridad es un problema que se resuelve a corto y largo plazo con inclusión y contención socioeconómica, promoviendo el trabajo pleno y digno, impulsando el alto poder adquisitivo de los sectores populares, garantizando de manera digna y para todos y todas, vivienda, salud, educación, cultura y esparción.
Sería importante que cada vez que se vea a un chico en la calle cartoneando, o se vean las cifras de las muertes de niños, niñas y jóvenes por causas socioeconómicas evitables, el debate que se instale en la sociedad no sea otro que el de buscar la manera de garantizar la vigencia plena de todos estos derechos consagrados por las leyes vigentes pero postergados por la corporación política de siempre.
*Por Libres del Sur Lomas de Zamora: Laura Berardo, Claudio Morell, Daniel Blasco, Claudia González, Martina Medina, Juan Noy
Stornelli y la Seguridad
Para el fiscal Stornelli, la edad de imputabilidad debería fijarse en 14 años El ex ministro de Seguridad bonaerense indicó que 'la legislación actual es casi centenaria' y los menores de hoy no tienen 'el mismo grado de madurez y concepto' que hace un siglo. El fiscal federal Carlos Stornelli aseveró hoy que la participación de niños y adolescentes 'en delitos graves es cada vez más', por lo que se mostró de acuerdo en bajar a 14 años la edad de imputabilidad. El ex ministro de Seguridad bonaerense consideró, sin embargo, que 'más allá de la edad' debe haber 'un examen de lo que no está haciendo el Estado y la aceptación de responsabilidades' frente al delito. 'Cuando la familia no ha solucionado los problemas y el menor ha sido desviado a una situación de riesgo, es indelegable que el Estado debe ocuparse del tema', expresó el fiscal. En declaraciones radiales, Stornelli comentó que la edad de imputabilidad 'tiene que bajarse un poco', hasta 'los 14' años, porque 'la legislación actual es casi centenaria' y consideró que los menores de hoy no tienen 'el mismo grado de madurez y concepto' que hace un siglo. Tras su paso por la gestión pública, Stornelli señaló que la participación de menores en delitos graves es 'alrededor del 80 por ciento', especialmente porque los mayores 'se aprovechan' de que el sistema penal no los castiga con penas de prisión hasta los de 18 años. 'Normalmente quien es designado como matador es el menor. La 'tiene fácil', para decirle de alguna manera', expresó. El ex ministro bonaerense, por su parte, opinó que los institutos de menores 'no son suficientes' para alojar a quienes cometen delitos, sumado a que varios de los detenidos allí 'escapan con facilidad', en muchos casos, por 'la complicidad' de los celadores. 'Como consecuencia, tenemos cada vez más menores en riesgo, en el más completo desamparo y entregados a la violencia en la calle', señaló.
Octubres
“A los jóvenes hay que sacarlos de la explotación del trabajo infantil; darles oportunidades laborales y de estudios; derechos sociales y participación social y política para construir ciudadanía e integrarlos. Hay algunos que piensan que las cárceles, la marginación, la penalización de la juventud (no sólo del delito) y la represión traen soluciones a los problemas sociales.” Dijo Gastón Harispe, Secretario General del Movimiento Octubres. “En las cárceles se vive la violencia y las injusticias de un sistema que castiga y no reencausa. Ahí se perfecciona el delito y se destruye al sujeto. Los jóvenes menores (ya despojados definitivamente todos sus derechos) serán víctimas de la aberración social de la violencia de los ricos sobre los pobres. Por eso la baja de la imputabilidad a los menores sería una alta injusticia.” Respecto de los motivos del debate actual, sostuvo que “los medios y los políticos representantes de las clases poseedoras y concentradas piden represión a los que no tienen nada. Piden cárceles y no inclusión social.” Como propuesta, el dirigente social sostiene que “Hay que seguir distribuyendo las riquezas y contener la violencia horizontal fortaleciendo y respetando las familias; el trabajo de los mayores, la educación, los deportes y la participación de los jóvenes en la construcción del destino común.”
El sabbatellismo bonaerense, duro contra el sciolismo
“Pérez necesita que alguien explique lo que quiere decir, porque no se entiende”, opinó el presidente del Encuentro en la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana, respecto a las críticas pronunciadas por el jefe de Gabinete del Gobierno bonaerense, Alberto Pérez. “No se entiende por qué le molesta que apoyemos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que querramos que sea reelecta”, puntualizó el dirigente del partido que conduce Martín Sabbatella y agregó: “Si está preocupado por el triunfo de Cristina debería alegrarle que nosotros apoyemos. Pero es posible que su preocupación pase más por la continuidad de Scioli. De ser así, sería una posición mezquina y especuladora”, consideró Grana esta mañana en declaraciones radiales.
El ministro Pérez había cuestionado a través de varios medios el apoyo de Nuevo Encuentro a la presidenta: “Hay muchos que son oficialistas cuando medimos el 50 y críticos cuando medimos 30”, señaló Pérez en diálogo con un matutino porteño y propuso que Sabbatella vaya a una interna contra Scioli. “Hay que explicarle a Pérez que a una interna van los precandidatos de un mismo partido, no de partidos distintos”, señaló Grana y agregó: “Estamos construyendo una fuerza política autónoma que, sin ninguna mezquindad ni especulación, acompaña el rumbo iniciado por el Gobierno nacional y le pone el cuerpo a la defensa de las principales políticas públicas, sin calcular cuánto miden estas en la opinión pública. Pasó, por ejemplo, con la resolución 125 sobre retenciones agropecuarias, con la asignación por hijo o con la Ley de Democratización de Medios, donde el Encuentro puso el cuerpo y la militancia para defenderlas. Tal vez Pérez no se enteró porque no estaba en la calle ni en los medios defendiendo esas medidas”.
“Lo que no defendemos, ni vamos a defender nunca es a una estructura como la del PJ bonaerense, en la que hay dirigentes que años atrás defendieron con uñas y dientes al menemismo, cuando destruía el empleo, generaba pobreza y destrozaba el rol del Estado”, expresó el presidente del EDE bonaerense y concluyó: “Pérez forma parte de un Gobierno provincial que no resuelve los problemas de la provincia. No está mal que el ministro se dedique a debatir con otras fuerzas políticas como la nuestra. Pero tal vez, debería ocuparse un poco más de sus responsabilidades, a ver si logran mejorar la provincia”.
“De Narváez es un oportunista que especula con el dolor de la gente”
“Francisco de Narváez es un oportunista que especula con el dolor de la gente. Basó su campaña de 2009 en el tema de la seguridad, pero en 6 años como diputado Nacional, sólo presentó 2 proyectos de reforma del Código Penal”, aseguró el diputado provincial Gabriel Villegas.Las declaraciones del legislador surgieron después de que De Narváez pidiera sesiones extraordinarias para modificar el Código Penal, tras el lamentable asesinato de Fabián Esquivel, en manos de un adolescente de 15 años, y asegurara también que en el Senado nacional aguarda aprobación un proyecto de la Senadora Sonia Escudero, que propone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, al tiempo que dijo también que “el Ministro (en referencia a Ricardo Casal) está mal informado”.
No obstante, Villegas aseguró que quien está mal informado, es De Narváez. “Es cierto que hay un proyecto en el Senado, pero esta propuesta plantea ciertos condicionamientos como por ejemplo, que sólo se puede detener a un menor si comete un homicidio; mientras que si posee otras actitudes antisociales como cometer un secuestro extorsivo, una tentativa de homicidio, lesiones graves, robo a mano armada o incluso violación, no está contenido en esta Ley”, remarcó el legislador provincial.
Villegas, quien es además Presidente de la Comisión bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, presentó en reiteradas oportunidades, normativas que podrían haber significado un cambio importante en cuanto a las discrecionalidades de los jueces a la hora de decidir tutelar a un menor que inició un camino delictivo, e insistió además, en que “sin estudios sociológicos y antropológicos es muy difícil hacer una Ley”.
En la actualidad, a los menores de 16 años se les puede dictar medidas tutelares, pero no sanciones penales.
En este sentido, Villegas remarcó que está de acuerdo con la modificación de la Ley penal juvenil “por la modificación y evolución que marcan los sociólogos que ha tenido la sociedad, donde los menores han incrementado el nivel de agresividad de manera notoria”, aunque hizo hincapié en que “la solución debe ser estudiada, integralmente”. “Hoy los pibes usan un arma como hace 15 años usaban una pelota y esto no puede seguir sucediendo. Es para eso que debemos ponernos a trabajar y dejarnos de criticar pensando sólo en conseguir una ventaja electoral, mientras la gente muere”, dijo y agregó: “lo importante es trabajar para poder prevenir, no para reprimir; y para eso, hay que evaluar los cambios socioculturales, y abocarse en lo que permita evitar que los jóvenes consuman drogas, incrementen su agresividad, y terminen delinquiendo. Pero es hora de que se haga un trabajo serio y se termine de una buena vez con los parches”.
Por otra parte, el legislador recordó que, “en su oportunidad, junto al intendente de Tigre, Sergio Massa, se trabajó en pos de lograr modificaciones en la Ley penal juvenil y que se tomara consciencia en el Poder Judicial. También pedíamos que se interesaran los diputados nacionales, pero parece que debe suceder un hecho grave para que empiecen a hablar todos del tema; lástima que sea sólo eso, hablar”.
“Con Massa venimos trabajando desde hace tiempo en este tema, pero nos encontramos con un Poder Judicial dormido y Diputados Nacionales que hablan y hablan pero no dan soluciones. La realidad de hoy requiere que el tema sea tratado con seriedad y no con mezquindades pre electorales”, aseguró.
Villegas señaló además, que “nos pasamos meses escuchando que había un plan, que ‘la seguridad se hace’ y que la solución a todos los problemas llegaban después del 10 de diciembre de 2009, pero eran sólo frases vacías, producto de una campaña de marketing que nunca tuvo su correlato de labor legislativa y de contenido real”.
Entre los puntos que se deberían tener en cuenta, el diputado peronista enumeró: “El poder judicial, por ejemplo, debería promover acciones para combatir la corrupción y terminar con la impunidad; elaborar programas para el fortalecimiento institucional y de la administración de justicia; propiciar adecuación de la legislación vigente en las causas procesales y administrativas, para mejorar la administración de justicia con la dinámica que reclama la sociedad; privilegiar el respeto y ecuanimidad de los derechos humanos; disponer propuestas de cooperación entre los actores del aparato judicial que coactúan en los procesos criminales involucrados en materia de seguridad y unificar en una base de datos con las causas judiciales en las jurisdicciones nacionales y provinciales”.
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